Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos

FEVITUR y el Consell coinciden en la necesidad de regular para expulsar del mercado a los pisos que se ofertan sin control ni calidad

“O se cambia la definición de vivienda turística, o se cambia la calificación del suelo donde pueden ubicarse los pisos, apartamentos, villas y chalés que se ofrecen en alquiler”. La reflexión de Miguel Ángel Sotillos, presidente de APTUR, asociación que gestiona de forma legal 3.000 viviendas turísticas vacacionales (14.000 plazas) en la Costa Blanca y que forma parte de la asociación nacional FEVIUR (150.000 viviendas), resume las conclusiones del desayuno de trabajo celebrado el pasado 26 de octubre en la sede de INFORMACIÓN para analizar el éxito de la campaña “Belegalmyfriend”, puesta en marcha por las asociaciones que gestionan casas en alquiler y la Generalitat para concienciar a propietarios y turistas de que se alojen en viviendas turísticas vacacionales reguladas.

Empresarios y Administración coinciden en que la iniciativa está cumpliendo con creces sus objetivos pero, sin embargo, ha generado tanta expectación entre los propietarios que muchos se encuentran ahora con el escollo que, denuncia la patronal, representa la Ley del Turismo. Normativa en vigor desde el pasado mes de junio que exige que los dueños de los pisos tengan un certificado de compatibilidad urbanística de los ayuntamientos para poder registrarse, algo que, según las asociaciones, frena el afloramiento de viviendas ilegales, debido a las trabas que ponen los Ayuntamientos al encontrarse con muchas casas construidas sobre suelo residencial pero no terciario (servicios), lo que impide obtener el certificado.

Todo en un escenario en el que el alquiler turístico reglado cobra cada día más fuerza, ya que representa el 55% el alojamiento turístico en la Comunidad Valenciana con un impacto económico anual de 1.700 millones de euros. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos agrupa a 20 asociaciones de empresas y particulares dedicados a la explotación de viviendas de uso turístico. Representa la mayor oferta de España de este nuevo nicho empresarial y económico, con 150.000 apartamentos. En total, las asociaciones de Fevitur representan a 1.050 miembros, de los cuales el 73% son gestores (767 empresas) y el 27% son particulares (283).

El alquiler de viviendas por días o por semanas es una actividad muy arraigada en los principales destinos turísticos de todo el mundo, y la provincia de Alicante no es una excepción. Se ha convertido en un nuevo actor del ecosistema del sector del alojamiento, con una demanda que ha crecido mucho en los últimos años.

Ocupación e ingresos

Fevitur, con una ocupación media anual de sus viviendas del 65%, trabaja para consolidar esta actividad, mejorando la calidad de los servicios de los alojamientos turísticos de alquiler, logrando un marco jurídico que permita el desarrollo de la actividad, y asegurando su integración y coordinación con el resto del sector turístico y los poderes públicos, según explicó su directora, Patricia Valenzuela.

La oferta de viviendas de uso turístico genera un impacto económico directo e indirecto para España de unos 5.400 millones de euros, de los que unos 1.600 millones corresponden al alojamiento (impacto directo) y otros 3.800 millones al gasto que los turistas realizan en comida, compras, transporte y actividades. El 60% de los turistas de la Costa Blanca se aloja ya en viviendas de uso turístico y el gasto medio de las personas que optan por este tipo de establecimientos turísticos, asciende a 726 euros.

En las viviendas turísticas vacacionales se alojan una media de 3,6 personas, que pasan en las ciudades 7,4 días de media. En cuanto a la procedencia de los turistas que eligen la opción de los apartamentos turísticos, el 79% son extranjeros frente a un 21% de españoles. El 66,2% son europeos y el ranking lo encabezan franceses e ingleses con un 20,9% y 12,4% respectivamente, mientras que un 10,2% son alemanes. El perfil de usuario de apartamento turístico en nuestro país es el de una mujer de mediana edad (47 años) y clase media-alta, que nos visita con la familia en un 83% de los casos. Asimismo, el motivo del viaje es vacacional en un 87%.

Según los datos que maneja Turismo, entre julio y octubre se han dado de alta en el registro 2.136 viviendas turísticas de las cuales 1.671 se ubican en la Costa Blanca. No es posible saber a través del registro cuántas de estas altas incluyen el informe de compatibilidad, ya que la solicitud de inscripción puede ser anterior al 8 de julio, según Turisme Comunidad Valenciana. Los ayuntamientos que sí que están emitiendo informes de compatibilidad son Alicante, Benissa, Benitatxell, Calp, El Campello, Llíber, Rojales, Finestrat, Villajoyosa, Xàbia, y Santa Pola. En Valencia; Algemesí, Cullera, Gandia y Xeraco, y en Castellón Alcalá de Xivert, Benicarló, Castellón de la Plana, Burriana, Benicássim, Moncofa, Morella, Peñíscola, Sant Jordi, Torreblanca, Vinarós y Xilxes.

El problema

El problema es que la nueva Ley de Turismo y Hospitalidad, en vigor desde junio, exige un informe de compatibilidad urbanística previo a la inscripción de las viviendas de uso turístico en el registro creado al efecto. El informe tiene un contenido meramente urbanístico, consistente en verificar que la vivienda de uso turístico que se pretende inscribir es compatible con el planeamiento urbanístico del municipio de que se trate, sin entrar en requisitos turísticos, ambientales o de otra índole. Si no se puede precisar la regulación del uso en el plan, para dar solución a este vacío, se puede realizar una modificación.

«Estamos bloqueados con la nueva ley que en el caso de comarcas como la Marina Alta, donde prácticamente no hay hoteles, el problema es grave porque se está negando por sistema a los propietarios registrar sus viviendas. Necesitamos una solución urgente porque nos puede arruinar la campaña de 2019», subrayó Mariano Espinosa, presidente de la Asociación Empresarial de Alquiler de Viviendas en la provincia de Alicante (AEA), que denuncia que «se ha querido responder a las demandas concretas de València y su realidad no es la nuestra». La asociación representa a 1.500 casas (desde chalés a villas de lujo) con 7.500 plazas.

Patricia Valenzuela, directora de la Federación Española (Fevitur), subrayó que «el problema está detectado y entre todos debemos solucionarlo porque hay una realidad clara: Cada vez más gente quiere alojarse en viviendas turísticas vacacionales en sus vacaciones y el sector mantiene 51.000 empleos entre directos e indirectos». Para Valenzuela, el reto es la normativa, o bien la definición de la vivienda turística o bien introducir cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Nuestro éxito está asegurado porque damos calidad y el mercado se encargará de expulsar al resto».

Miguel Ángel Sotillos, presidente de Aptur, además de coincidir con Patricia Valenzuela y Mariano Espinosa, resaltó que «la campaña ha sido un éxito pero nos hemos encontrado ahora con muchos propietarios que nos traen sus pisos y nos los pueden registrar. La mayoría no vuelve y el riesgo es que lo normal es que acaben alquilándose en negro. Queremos cumplir la ley pero no nos pueden piedras a nuestro propio tejado». Sotillos subrayó que «la única fórmula de que el mercado se autoregule es la capacidad de regulación y el problema que nos encontramos es que muchos ayuntamientos no saben lo que hacer». Postura que comparte plenamente José Luis Llusiá, vicepresidente de Aptur, quien señaló que «el tema es complejo pero muchos ayuntamientos están bloqueados y, obviamente, como no hay claridad los técnicos de Urbanismo no se la juegan, porque al final el problema recaería en ellos. Si no se soluciona seguirá habiendo oferta ilegal».

Raquel Huete, directora general de Turismo, aseguró, por su parte, que «los ayuntamientos sabían que la ley iba a entrar en vigor y que llegaría este momento. No es cierto que el tema de la compatibilidad urbanística tenga bloqueado el registro de viviendas turísticas. Desde la entrada en vigor de la ley se han registrado más de dos mil sin problemas».

Huete, cuyo departamento financia la campaña, señaló que «tenemos que concienciar a los turistas de que se aloje en viviendas turísticas legales, que lo que compren es legal y ayudar a los ciudadanos a que comprendan la importancia que tienen los apartamentos de alquiler que están registrados». Huete enfatizó que «las habitaciones en una casa no son nuestro modelo de alojamiento turístico».

Calidad y legalidad

«Calidad y legalidad. En este sector la mejor publicidad llega del turista que se aloja en las viviendas, que hay para todos los bolsillos. El mercado expulsará a los operadores que no aporten calidad», subrayó Patricia Valenzuela, directora de Fevitur, en una afirmación que compartieron todos los participantes en el desayuno organizado por Fevitur en las instalaciones del periódico.

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