Published on Wednesday, 17 January 2018

Hasta junio de 2013 una normativa nacional, la Ley de Arrendamientos Urbanos, era la única que regulaba las viviendas turísticas vacacionales. Su modificación por la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas posibilitó que la actividad de las viviendas turísticas vacacionales pasase a depender de las normativas sectoriales de cada comunidad autónoma si existía regulación al respecto, al tiempo que adquirían importancia.

Desde entonces, en virtud de sus competencias, las comunidades autónomas han ido estableciendo normativas para regular el mercado de este tipo de viviendas, cada uno en función de sus características particulares. Esa es la tendencia, independientemente de que en la mayoría de ellas hay que inscribir la vivienda en un registro.

Por ejemplo, “en 2017 se han aprobado normativas específicas en La Rioja y Baleares”, explicó Pablo Zubicaray, presidente de FEVITUR.

En proceso para 2018 están las de Cantabria, Castilla – La Mancha y Murcia, y “en trámite, el anteproyecto de ley de Valencia”, puntualizó.

No todas gustan a FEVITUR; “somos partidarios de la ordenación de esta fórmula de alojamiento”, afirmó. De todas las nuevas normativas, la ley de Baleares – aprobada el pasado verano- es el principal punto de fricción para la asociación.

La denunció en representación de su asociada balear Aptur, ante la secretaría general de la Comisión Europea porque “se trata en realidad de una prohibición encubierta del alquiler turístico en la totalidad de las Islas Baleares”. Sin embargo el Parlamento balear aclaró tras su promulgación que con ella busca que las plataformas que publicitan las viviendas turísticas vacacionales “colaboren y no permitan la oferta ilegal”.

Y es que la balear no es la única nueva ley que FEVITUR considera que restringe el derecho a la competencia; las regulaciones de “Aragón, Cantabria, Madrid, Canarias, Castilla y León y los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y San Sebastián lo limitan”. Para la Federación éstas no permiten el ejercicio de la actividad de las viviendas turísticas vacacionales.

“Somos partidarios de una regulación y normativa común a nivel nacional”, afirmó Pablo Zubicaray.

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